Lo que niega la Ley del Negacionismo
En estas últimas semanas los medios de comunicación nos han atiborrado con noticias acerca de la "necesaria" Ley del Negacionismo. Sin embargo, como jóvenes pensantes, antes de apoyar o rechazar algo debemos hacernos varias preguntas: ¿Qué propone esta ley? ¿A qué o quiénes está dirigida? ¿Qué hay detrás de sus supuestos beneficios? ¿Cuáles serían sus debilidades como ley?
"Que Dios nos coja confesados, esto es revivir al Tribunal de la Santa Inquisición".
Ántero Flores Aráoz,
sobre el proyecto de negacionismo.
Pedro Salinas en el blog "La voz a ti debida"
Hay ideas tontas. E ideas tontas con ganas. Como la del “negacionismo”, que pretende instaurarse como iniciativa legal porque así se le ocurrió un día al primer ministro.
Por cierto, Gustavo Gorriti la ha destripado hoy en Caretas, como nadie. Y la oposición a esta aberración, por suerte, ha sido tan variopinta que no hay forma que se materialice. A menos que estemos ante un gobierno suicida, claro. Algo que, ya saben, tampoco podemos descartar en este Perú forrado con vinifán.
Como sea. Lo cierto es que una idea tan mala y tan peligrosa y tan absurda, en primer término, amenaza la libertad de expresión, y segundo, podría prestarse para abusar de ella y usarla como herramienta de castigo o de venganzas políticas.
Como dice Gorriti: “Los hechos de la insurrección senderista y la guerra interna que vivió el país no han sufrido por el debate sino por el olvido, por la falta de esclarecimiento”.
Por eso es que son tan importantes los espacios para la memoria, para recordar lo que vivimos. Pero aquello de querer instaurar como sea “verdades oficiales” y “dogmas oficiales”, como las llama Gorriti, es más que un “superlativamente desatinado proyecto”. Es una cojudez. Digo.
Por cierto, Gustavo Gorriti la ha destripado hoy en Caretas, como nadie. Y la oposición a esta aberración, por suerte, ha sido tan variopinta que no hay forma que se materialice. A menos que estemos ante un gobierno suicida, claro. Algo que, ya saben, tampoco podemos descartar en este Perú forrado con vinifán.
Como sea. Lo cierto es que una idea tan mala y tan peligrosa y tan absurda, en primer término, amenaza la libertad de expresión, y segundo, podría prestarse para abusar de ella y usarla como herramienta de castigo o de venganzas políticas.
Como dice Gorriti: “Los hechos de la insurrección senderista y la guerra interna que vivió el país no han sufrido por el debate sino por el olvido, por la falta de esclarecimiento”.
Por eso es que son tan importantes los espacios para la memoria, para recordar lo que vivimos. Pero aquello de querer instaurar como sea “verdades oficiales” y “dogmas oficiales”, como las llama Gorriti, es más que un “superlativamente desatinado proyecto”. Es una cojudez. Digo.
Augusto Alvarez Rodrich en su columna "Claro y directo" (La República, 28 de agosto del 2012)
El proyecto del gobierno para penalizar el "negacionismo" podrá estar en el mejor de los casos bien intencionado, pero debe ser rechazado porque amenaza a la libertad de expresión, pensamiento y opinión. La ministra de Justicia, Eda Rivas, sostiene que se "busca penalizar a las personas que públicamente, a través de diversos medios, aprueben, justifiquen, nieguen o minimicen los delitos de terrorismo" para "proteger a la sociedad de aquellas personas que tienen un lenguaje de odio y que buscan atacar la estabilidad democrática de un país".
A su vez, el premier Juan Jiménez precisa que el proyecto pretende penalizar a quienes "nieguen los delitos de terrorismo que realizaron Sendero o el MRTA y que en el Perú hubo una masacre por parte de estas organizaciones criminales".
La iniciativa se explica por la preocupación que produce la aparición de señales sobre Sendero Luminoso. Por ejemplo, Movadef y su deseo de inscribirse ante el JNE sin hacer el menor reparo a la violencia y las muertes que produjeron Abimael Guzmán y su grupo terrorista. También, por hechos que suceden cotidianamente como la intervención de un local en el Centro de Lima donde se vendía la revista Vórtice con contenido senderista, o las pintas alusivas a Sendero que aparecen desde Ayaviri hasta Lima.
La preocupación en el gobierno y en la sociedad es legítima y justificada, pero la respuesta debe ser inteligente y sin generar más problemas. El problema radica en la delgada línea que divide la propaganda terrorista del libre derecho de las personas a pensar, opinar y a expresarse. ¿Quién va a definir, por ejemplo, qué es "lenguaje de odio que afecta a la democracia"? ¿Habrá una sola interpretación de lo ocurrido en las dos décadas de violencia? ¿Quién determinará las razones del surgimiento de Sendero? ¿Qué se podrá decir sobre el papel de las Fuerzas Armadas? ¿Qué se deberá callar sobre el grupo Colina? ¿Habrá que cambiar la interpretación según el gobierno de turno? ¿Si Keiko Fujimori llega a la presidencia, Kenyi escribirá el nuevo código de la verdad? ¿Podrá alguien opinar, con su criterio personal, que una dictadura o una monarquía producen mejor resultado que una democracia?
El problema es, en el fondo, quién pone el guión oficial de lo que se debe decir. Este proyecto es una amenza a la libertad de expresión y debe ser, por ello, rechazado. La respuesta más efectiva debe ser a través de la fuerza del argumento y de la acción política, a la cual el gobierno y los partidos no pueden renunciar, a pesar de que eso es lo que suelen hacer.
¿Tan difícil es hace recordar las muertes y qué produjo la acción criminal de Abimael Guzmán?
Jorge Bruce, en su columna "El factor humano" (La República, 2 de setiembre del 2012)
Buena parte de los malentendidos que nos han afligido en los últimos tiempos están vinculados con nuestra incapacidad para procesar las verdades terribles relatadas en el informe de la CVR, que acaba de cumplir 9 años de ser presentado. Así, el crecimiento del Movadef y su inquietante amnesia, o el fallo de la sala presidida por Villa Stein, retirando el carácter de crímenes de lesa humanidad a las atrocidades del grupo Colina, o bien el papelón del Estado peruano ante la CIDH, proceden de una misma resistencia a aceptar la complejidad de lo ocurrido durante dos décadas de una violencia devastadora.
Nadie que haya leído el informe o por lo menos su compendio, y lo haya hecho de buena fe, puede dudar de la importancia histórica de ese documento, así como su evidente perfectibilidad (¿existe algún texto interpretativo que no lo sea?). No obstante, después de leerlo, es imposible seguir ignorando las hondas y antiguas fracturas sociales que permitieron la duración y extensión de esos atropellos contra las personas más vulnerables de nuestro país. Mejor dicho, debería ser imposible, pero el negacionismo, para tomar un término en boga, ataca desde diferentes extremos ideológicos.
Estuve presente ese día del 2003, en Palacio de Gobierno, escuchando las palabras de Salomón Lerner, quien entregaba ese documento histórico a la Nación. Varios años después tuve el privilegio de entrevistarme, en Huamanga y Huanta, con varias mujeres de la región, familiares de desaparecidos. El asunto es que estas personas siguen esperando, hasta hoy, noticias de los restos de sus seres queridos. Los responsables de esos crímenes fueron Sendero, las Fuerzas Armadas o los ronderos, según me dijeron.
En ninguna de ellas advertí rencor contra nadie en particular: solo un deseo inextinguible de saber y poder clausurar ese dolor que no cesa. Estamos hablando de desapariciones ocurridas hace más de veinte años, en muchas de estas historias. De hecho, varios de esos familiares ya han muerto.
El 30 de agosto fue el Día mundial de las víctimas de desaparición forzada. El Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) nos recuerda, tras más de una década dedicada a esclarecer casos de desaparición forzada en nuestro país, que existen más de 15 000 víctimas de ese crimen. Que, tras tres regímenes, es muy poco lo que se ha avanzado "en materia de verdad, justicia y reparación para los sobrevivientes de la violencia y los familiares de las víctimas". Esta es la prueba más flagrante de que hay una terca voluntad de no saber, porque eso nos obligaría a aceptar la obscena desigualdad en la que se funda nuestro pacto social.
Mientras los desaparecidos sean miembros de las "castas" inferiores, el ruido político es muy tenue y hay muchos interesados en que así permanezca. Esta es la base de un sistema de privilegios que se interconecta con situaciones tan aparentemente alejadas, como la imposición de concesiones extractivas contra la opinión regional o la práctica salarial del cholo barato. En donde el racismo funciona como un sostén indispensable. No obstante, no son leyes como la del negacionismo las que nos van a permitir confrontarnos con estas verdades que nos descolocan. Mientras no haya una masa crítica de ciudadanos informados, con capacidad de discutir en vez de agredir, dispuestos a tolerar la existencia de verdades complejas e incluso contradictorias, seguiremos sugestionados con los indicadores de crecimiento económico, ignorando los huesos de los cadáveres sobre los que estamos construyendo esa frágil prosperidad.
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